Exit tax restrittiva della libertà di stabilimento

L'esigibilità immediata delle plusvalenze, in caso di trasferimento dell'azienda da un Paese all'altro, è in contrasto con la libertà di stabilimento.

E’ quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea, con la sentenza C-64/11 del 25 aprile 2013. Il caso. La Commissione Europea presentava ricorso per inadempimento contro la Spagna a causa della normativa tributaria iberica in merito all’imposta sulle società. Tale normativa stabilisce che, in caso di trasferimento della residenza o degli attivi di una società stabilita in Spagna in altro Stato membro, o in caso di cessazione delle attività di una stabile organizzazione in Spagna di una società non residente, le plusvalenze non ancora realizzate sono comunque assoggettate ad imposizione nell’esercizio fiscale nel corso del quale si realizza il trasferimento o la cessazione dell’attività in Spagna. La Commissione Europea ha ritenuto che tale normativa fosse restrittiva della libertà di stabilimento, poiché determina una disparità di trattamento fiscale tra chi continua a risiedere nel territorio spagnolo e chi si trasferisce oppure cessa l’attività. No alla exit tax sulle plusvalenze. La Corte di Giustizia Europea ha accolto parzialmente le argomentazioni della Commissione Europea. Secondo i giudici, la normativa nazionale spagnola comporta una restrizione alla libertà di stabilimento, nella misura in cui prevede l’immediata imposizione delle plusvalenze in occasione del trasferimento della residenza o degli attivi di una società stabilita in Spagna verso un altro Stato membro. In questo caso una società è finanziariamente penalizzata rispetto a una società simile che effettua tale trasferimento sul territorio spagnolo, le cui plusvalenze derivanti da tali operazioni finiscono nella base imponibile dell’imposta sulle società soltanto nel momento in cui vengono effettivamente realizzate. La normativa dunque dissuade le aziende dal trasferirsi dalla Spagna ad altro Stato membro. I giudici ritengono però che l’assoggettamento a imposta delle plusvalenze non realizzate sugli attivi destinati a una stabile organizzazione che cessa le sue attività in Spagna non comporti una restrizione alla libertà di stabilimento. Infatti, tale imposizione non consegue a un trasferimento in un altro Stato membro della residenza o degli attivi di una società residente sul territorio spagnolo, ma semplicemente a una cessazione delle sue attività. Si tratta pertanto di una situazione puramente interna e non di una disparità di trattamento rispetto a situazioni che rientrano nella libertà di stabilimento.

Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, sentenza 25 aprile 2013, causa C-64/11 * Incumplimiento de Estado Libertad de establecimiento Art culo 49TFUE Restricciones Legislaci n tributaria Tributaci n inmediata de las plusval as latentes Traslado de la residencia de una sociedad, cese de actividad de un establecimiento permanente o transferencia de activos de tal establecimiento Sentencia 1 En su recurso, la Comisi n Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de Espa a ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del art culo 49TFUE y del art culo 31 del Acuerdo sobre el Espacio Econ mico Europeo, de 2 de mayo de 1992 DO 1994, L1, p.3 en lo sucesivo, Acuerdo EEE al adoptar el art culo 17, apartado 1, del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba dicho texto refundido BOE n 61, de 11 de marzo de 2004, p.10951 en lo sucesivo, Ley del Impuesto sobre Sociedades , y en virtud del cual en los casos de traslado de la residencia de una sociedad radicada en Espa a a otro Estado miembro,o de cese de las actividades en Espa a de un establecimiento permanente,o de transferencia a otro Estado miembro de sus activos situados en Espa a, las plusval as no realizadas se integran en la base imponible del ejercicio fiscal, mientras que tales plusval as no tienen consecuencias fiscales inmediatas si esas operaciones tienen lugar dentro del territorio espa ol. Marco jur dico 2 El art culo 17, apartado 1, de la Ley del Impuesto sobre Sociedades dispone lo siguiente Se integrar en la base imponible la diferencia entre el valor normal de mercado y el valor contable de los siguientes elementos patrimoniales a Los que sean propiedad de una entidad residente en territorio espa ol que traslada su residencia fuera de éste, excepto que dichos elementos patrimoniales queden afectados a un establecimiento permanente situado en territorio espa ol de la mencionada entidad. En este caso ser de aplicaci n a dichos elementos patrimoniales lo previsto en el art culo85. b Los que estén afectos a un establecimiento permanente situado en territorio espa ol que cesa su actividad. c Los que estando previamente afectos a un establecimiento permanente situado en territorio espa ol son transferidos al extranjero. Procedimiento administrativo previo 3 La Comisi n remiti al Reino de Espa a, el 29 de febrero de 2008, un escrito de requerimiento en el que sosten a que el art culo 17, apartado1, de la Ley del Impuesto sobre Sociedades pod a ser incompatible con la libertad de establecimiento. Seg n la Comisi n, en efecto, tal incompatibilidad se deduc a del contenido de la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2004, de Lasteyrie du Saillant -9/02, Rec. p.I 2409 . 4 Mediante escrito de 30 de abril de 2008, el Reino de Espa a impugn la argumentaci n desarrollada en el escrito de requerimiento. 5 El 27 de noviembre de 2008, la Comisi n remiti al Reino de Espa a un dictamen motivado y le inst a adoptar las medidas necesarias para atenerse al mismo. 6 Mediante escrito de 25 de febrero de 2009, el Reino de Espa a respondi al dictamen motivado. 7 A la vista de ciertos hechos acaecidos con posterioridad al dictamen motivado, el 18 de marzo de 2010 la Comisi n remiti al Reino de Espa a un dictamen motivado complementario. 8 Al no quedar satisfecha con las explicaciones ofrecidas por el Reino de Espa a en su respuesta de 27 de mayo de 2010 al dictamen motivado complementario, la Comisi n decidi interponer el presente recurso. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia 9 Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 5 de julio de 2011 se admiti la intervenci n en el procedimiento del Reino de Dinamarca, de la Rep blica Federal de Alemania, de la Rep blica Francesa, de la Rep blica Italiana, del Reino de los Pa ses Bajos, de la Rep blica Portuguesa, de la Rep blica de Finlandia, del Reino de Suecia y del Reino Unido de Gran Breta a e Irlanda del Norte, en apoyo de las pretensiones del Reino de Espa a. 10 Todos estos Estados miembros han presentado observaciones escritas, excepto el Reino de Dinamarca, que desisti de su intervenci n el 4 de octubre de2011. Sobre el recurso 11 En apoyo de su recurso, basado en dos imputaciones relativas a la violaci n del art culo 49TFUE y del art culo 31 del Acuerdo EEE, la Comisi n sostiene que el art culo 17, apartado 1, de la Ley del Impuesto sobre Sociedades constituye une medida discriminatoria y, en todo caso, un obst culo a la libertad de establecimiento. Sobre la admisibilidad 12 El Reino de Espa a sostiene, en primer lugar, que la imputaci n relativa a la violaci n del art culo 31 del Acuerdo EEE no es admisible, por no haber sido formulada en el escrito de requerimiento. 13 En un recurso por incumplimiento, la finalidad del procedimiento administrativo previo es dar al Estado miembro de que se trate la ocasi n, por una parte, de cumplir las obligaciones que le impone el Derecho de la Uni n y, por otra, de presentar oportunamente alegaciones en su defensa frente a las imputaciones de la Comisi n. La regularidad de este procedimiento constituye una garant a esencial querida por el Tratado, no s lo para proteger los derechos del Estado miembro de que se trate, sino también para garantizar que el eventual procedimiento contencioso tenga por objeto un litigio claramente definido véase, entre otras, la sentencia de 6 de septiembre de 2012, Comisi n/Bélgica, -150/11, Rec. p.I 0000, apartados 24 y 25 y jurisprudencia que all secita . 14 A este respecto, procede recordar igualmente que el escrito de requerimiento que la Comisi n remite al Estado miembro de que se trate y el dictamen motivado emitido por aquélla delimitan el objeto del litigio, que, por lo tanto, ya no puede ampliarse. En consecuencia, el dictamen motivado y el recurso de la Comisi n deben basarse en imputaciones idénticas a las formuladas en el escrito de requerimiento que inicia el procedimiento administrativo previo. En caso contrario, no cabe considerar que tal irregularidad quede anulada por el hecho de que el Estado miembro demandado haya presentado observaciones sobre el dictamen motivado véase, en este sentido, la sentencia de 6 de septiembre de 2012, Comisi n/Portugal, -38/10, Rec. p.I 0000, apartados 15 y 16 y jurisprudencia que all secita . 15 En el caso de autos consta que el escrito de requerimiento enviado al Reino de Espa a el 29 de febrero de 2008 no conten a referencia alguna a una supuesta violaci n del art culo 31 del AcuerdoEEE, como lo ha reconocido por lo dem s la Comisi n en la vista. 16 Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad del recurso en lo que ata e a la violaci n de dicha disposici n. 17 En segundo lugar, el Gobierno espa ol sostiene en sus escritos procesales que ciertas partes de la argumentaci n invocada por la Comisi n ante el Tribunal de Justicia en apoyo de su imputaci n relativa a la violaci n del art culo 49TFUE no hab an sido invocadas en el procedimiento administrativo previo, y que ello le impidi conocer el alcance exacto del incumplimiento que se le imputaba, as como presentar oportunamente alegaciones en su defensa. 18 Sin embargo, consta que los motivos invocados por la Comisi n en apoyo de su tesis de que el art culo 17, apartado 1, de la Ley del Impuesto sobre Sociedades constituye une medida discriminatoria y, en todo caso, un obst culo a la libertad de establecimiento, contraviniendo as las obligaciones del art culo 49TFUE, son idénticos a los que se invocaron en el procedimiento administrativo previo. El hecho de que la Comisi n haya querido respaldar tales motivos invocando ante el Tribunal de Justicia alegaciones que no figuraban en su dictamen motivado no puede, en s mismo, producir como consecuencia una modificaci n del objeto exacto del supuesto incumplimiento. 19 En este contexto procede recordar que, seg n reiterada jurisprudencia, la exigencia de que el dictamen motivado y el recurso de la Comisi n se funden en idénticas imputaciones no puede llegar hasta el punto de imponer, en todos los supuestos, una coincidencia perfecta entre la formulaci n de las imputaciones en la parte dispositiva del dictamen motivado y las pretensiones del recurso, siempre que el objeto del litigio, tal como se defini en el dictamen motivado, no haya sido ampliado ni modificado véase, en este sentido, la sentencia de 18 de noviembre de 2010, Comisi n/Portugal, -458/08, Rec. p.I 11599, apartados 43 y 44 y jurisprudencia que all secita . 20 En particular, al aludir en su recurso al régimen fiscal espec fico de la Comunidad Aut noma del Pa s Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra, la Comisi n se ha limitado a respaldar su motivo relativo al car cter supuestamente discriminatorio de las disposiciones del art culo 17, apartado 1, de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, sin formular por ello una nueva imputaci n contra tales disposiciones. 21 Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad del recurso nicamente en la medida en que se refiere a un incumplimiento del art culo 31 del AcuerdoEEE. Sobre el fondo 22 En apoyo de su imputaci n relativa al incumplimiento por el Reino de Espa a de las obligaciones que impone el art culo 49TFUE, la Comisi n reprocha esencialmente a ese Estado miembro la diferencia de trato fiscal de las plusval as latentes establecida por las disposiciones controvertidas entre, por una parte, un traslado de actividades de una sociedad a otro Estado miembro y, por otra parte, traslados similares dentro del territorio espa ol, incluidos los efectuados a la Comunidad Aut noma del Pa s Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra. Seg n la Comisi n, cuando una sociedad de un Estado miembro ejerce su derecho de libre establecimiento y traslada sus actividades del territorio espa ol a otro Estado miembro, ello no puede tener como consecuencia exponerla a una desventaja de tesorer a con respecto a las sociedades que no ejercen su libertad de establecimiento. 23 A este respecto procede recordar que el art culo 49TFUE obliga a suprimir las restricciones a la libertad de establecimiento. Seg n el art culo 54TFUE, las sociedades constituidas con arreglo a la legislaci n de un Estado miembro y cuya sede social, administraci n central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Uni n Europea, quedan equiparadas, a efectos de aplicaci n de las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de establecimiento, a las personas f sicas nacionales de los Estados miembros. Para las sociedades, esta libertad incluye el derecho a ejercer su actividad en otros Estados miembros por medio de una filial, sucursal o agencia véanse las sentencias de 23 de octubre de 2008, Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt, -157/07, Rec. p.I 8061, apartado 28 de 25 de febrero de 2010, X Holding, -337/08, Rec. p.I 1215, apartado 17, y de 6 de septiembre de 2012, Comisi n/Portugal, antes citada, apartado24 . 24 El Tribunal de Justicia ha declarado ya, al examinar una normativa nacional y situaciones de traslado comparables a los del presente asunto, que la libertad de establecimiento resulta aplicable al traslado de actividades de una sociedad del territorio de un Estado miembro a otro Estado miembro, con independencia de si la sociedad de que se trata traslada su domicilio social y su direcci n efectiva fuera del territorio del primer Estado o si transfiere a otro Estado miembro activos de un establecimiento permanente situado en el territorio del primer Estado. véase, en este sentido, la sentencia de 6 de septiembre de 2012, Comisi n/Portugal, antes citada, apartado23 . 25 Aunque las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de establecimiento pretenden, seg n su tenor literal, garantizar el disfrute del trato nacional en el Estado miembro de acogida, impiden también que el Estado miembro de origen obstaculice el establecimiento en otro Estado miembro de uno de sus nacionales o de una sociedad constituida de conformidad con su legislaci n sentencias de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus, -371/10, Rec. p.I 0000, apartado 35, y de 6 de septiembre de 2012, Comisi n/Portugal, antes citada, apartado25 . 26 Por otra parte, seg n reiterada jurisprudencia, deben considerarse restricciones a la libertad de establecimiento todas las medidas que proh ban, obstaculicen o hagan menos interesante el ejercicio de dicha libertad sentencias antes citadas National Grid Indus, apartado 36, y de 6 de septiembre de 2012, Comisi n/Portugal, apartado26 . 27 En el presente caso, como ha alegado acertadamente la Comisi n, el art culo 17, apartado 1, letrasa yc , de la Ley del Impuesto sobre Sociedades entra a restricciones a la libertad de establecimiento, dado que, en el caso de que una sociedad espa ola traslade su residencia a otro Estado miembro, as como en caso de transferencia parcial o total a otro Estado miembro de los activos de un establecimiento permanente situado en territorio espa ol, tal sociedad resulta econ micamente penalizada con respecto a una sociedad similar que efect e ese traslado o transferencia dentro del territorio espa ol, para la cual las plusval as latentes derivadas de esas operaciones no se integrar n en la base imponible del impuesto sobre sociedades hasta el momento en que se materialicen efectivamente. 28 Esta diferencia de trato puede disuadir a una sociedad de trasladar sus actividades del territorio espa ol al de otro Estado miembro véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de septiembre de 2012, DI.VI. Finanziaria SAPA di Diego della Valle & amp C., -380/11, Rec. p.I 0000, apartado 36, y Comisi n/Portugal, antes citada, apartado28 . 29 La diferencia de trato as observada no se explica por una diferencia objetiva de situaci n. En efecto, frente a la normativa de un Estado miembro destinada a gravar las plusval as generadas en su territorio, la situaci n de una sociedad que traslada su domicilio social y su direcci n efectiva a otro Estado miembro, al igual que la de una sociedad que transfiere todo o parte de los activos de un establecimiento permanente espa ol a otro Estado miembro, es an loga, en lo que se refiere a la tributaci n de las plusval as generadas en el primer Estado miembro con anterioridad a dichas operaciones, a la de una sociedad que limita esas operaciones al territorio nacional véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas, National Grid Indus, apartado 38 DI.VI. Financiaria di Diego della Valle & amp C., apartado 37, y de 6 de septiembre de 2012, Comisi n/Portugal, apartado29 . 30 Sin embargo, en la medida en que el art culo 17, apartado 1, letrab , de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece un gravamen sobre los elementos patrimoniales afectos a un establecimiento permanente que cesa su actividad, es decir, en un supuesto que es consecuencia, no del traslado a otro Estado miembro de la residencia de una sociedad residente en territorio espa ol o de la transferencia de activos de un establecimiento permanente situado en ese territorio, sino del cese de la actividad de dicho establecimiento, procede hacer constar que no se observa aqu una diferencia de trato entre una situaci n contemplada en el art culo 49TFUE y una situaci n puramente interna. En esta medida, no se ha acreditado la existencia de una restricci n a la libertad de establecimiento véase, en este sentido, la sentencia de 6 de septiembre de 2012, Comisi n/Portugal, antes citada, apartado30 . 31 En lo que respecta a la existencia de una eventual justificaci n de la restricci n a la libertad de establecimiento derivada de las disposiciones del art culo 17, apartado 1, letrasa yc , de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y al car cter proporcionado de tales disposiciones, procede recordar que la liquidaci n del gravamen en el momento del traslado de la sede de direcci n efectiva de una sociedad respeta el principio de proporcionalidad, habida cuenta del objetivo de la normativa nacional controvertida, que es el de gravar en el Estado miembro de origen las plusval as generadas en el mbito de la competencia tributaria de dicho Estado miembro. Efectivamente, resulta proporcionado que el Estado miembro de origen, con el fin de preservar el ejercicio de su competencia en materia tributaria, liquide el impuesto que se adeuda por las plusval as latentes generadas en su territorio en el momento en el que se extingue su potestad tributaria respecto a la sociedad de que se trata, en este caso en el momento del traslado de la sede de direcci n efectiva de ésta a otro Estado miembro sentencia National Grid Indus, antes citada, apartado 52 o en el momento en que se transfieren al extranjero elementos patrimoniales inicialmente afectados a un establecimiento permanente situado en el territorio del Estado miembro de origen. 32 En cambio, el Tribunal de Justicia ha declarado ya que el art culo 49TFUE se opone a una normativa de un Estado miembro en virtud de la cual debe procederse al cobro inmediato del gravamen sobre las plusval as latentes correspondientes a los elementos patrimoniales de una sociedad en el momento mismo en que esa sociedad traslada su sede de direcci n efectiva a otro Estado miembro sentencia National Grid Indus, antes citada, apartado86 . 33 En el presente asunto, procede se alar que la Comisi n no niega que los Estados miembros tienen derecho a someter a gravamen las plusval as nacidas en sus respectivos territorios y, por lo tanto, a gravar el valor econ mico generado por una plusval a latente en sus respectivos territorios, aunque esa plusval a no se haya materializado a n enellos. 34 La Comisi n critica, no obstante, el gravamen inmediato de esa plusval a latente en el momento de la salida del territorio, alegando que el objetivo perseguido por el Estado miembro de que se trata, preservar el ejercicio de su competencia en materia tributaria, puede protegerse con medidas menos perjudiciales para la libertad de establecimiento, ya que es posible exigir el pago de la deuda tributaria con posterioridad al traslado de la residencia o a la transferencia de activos, en el momento en que se habr a gravado dicha plusval a si la sociedad no hubiera procedido al traslado de su residencia o a la transferencia de activos fuera del territorio espa ol. 35 A este respecto, procede hacer constar que, si bien es cierto que las disposiciones del art culo 17, apartado 1, letrasa yc , de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que establecen reglas para la determinaci n de la base imponible de dicho impuesto, no contienen, como tales, medidas relativas al cobro de la deuda tributaria correspondiente, no es menos cierto que tales disposiciones llevan aparejada la exigibilidad de esa deuda en el ejercicio fiscal en que se hayan producido los hechos contemplados en ellas, como reconoce por lo dem s el Gobierno espa ol. 36 El Gobierno espa ol ha sostenido no obstante, en particular, en la vista, que las disposiciones del art culo 65 de la Ley General Tributaria permiten que las sociedades obligadas a soportar ese gravamen obtengan aplazamientos del pago de la deuda en condiciones an logas a las que se aplican a los dem s contribuyentes. 37 Sin embargo, consta que la concesi n de este aplazamiento de pago, sometido a diversos requisitos y que s lo puede obtenerse cuando la situaci n econ mico-financiera del obligado tributario le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos, no es en absoluto autom tica. Por lo tanto, no cabe considerar que este mecanismo ofrezca al obligado tributario una alternativa al pago inmediato del gravamen, de manera que tampoco puede constituir un remedio al car cter atentatorio contra la libertad de establecimiento propio del pago inmediato en lo que respecta a tal alternativa, véase la sentencia National Grid Indus, antes citada, apartado73 . 38 Por otra parte, los mecanismos de asistencia mutua existentes entre las autoridades de los Estados miembros son suficientes para permitir que el Estado miembro de origen controle la veracidad de las declaraciones de las sociedades que optaran por el pago diferido de dicho gravamen. A este respecto, es importante destacar que, dado que este gravamen se liquida en el momento en el que la sociedad, con motivo de la transferencia al extranjero de sus elementos patrimoniales, deja de percibir los correspondientes beneficios imponibles en el Estado miembro de origen, la asistencia del Estado miembro de acogida concierne, no a la liquidaci n correcta del gravamen, sino nicamente a su cobro. Pues bien, el art culo 4, apartado 1, de la Directiva 2008/55/CE del Consejo, de 26 de mayo de 2008, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinadas exacciones, derechos, impuestos y otras medidas DO L150, p.28 , dispone que, a petici n de la autoridad requirente, la autoridad requerida le comunicar los datos que le sean tiles para el cobro de un crédito . Por lo dem s, la Directiva 2008/55, en particular, sus art culos 5 a 9, ofrece a las autoridades del Estado miembro de origen un marco de cooperaci n y de asistencia que les permite cobrar efectivamente la deuda tributaria en el Estado miembro de acogida. véase, en este sentido, la sentencia National Grid Indus, antes citada, apartado78 . 39 Dadas estas circunstancias, las disposiciones del art culo 17, apartado 1, letrasa yc , de la Ley del Impuesto sobre Sociedades van m s all de lo necesario para alcanzar el objetivo leg timo que persiguen, en la medida en que tienen como consecuencia hacer exigible, en los supuestos contemplados en ellas, el pago inmediato del gravamen sobre las plusval as latentes correspondientes a los elementos patrimoniales de una sociedad que traslada su residencia a otro Estado miembro y a los de un establecimiento permanente transferidos al extranjero. 40 En esta medida, resulta fundada la imputaci n de la Comisi n, en lo que respecta a la violaci n del art culo 49TFUE. Por lo tanto, procede estimar en dicha medida el recurso y desestimarlo en todo lo dem s. Costas 41 En virtud del art culo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones ser condenada en costas, si as lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas en lo sustancial las pretensiones del Reino de Espa a, procede condenarlo en costas, conforme a lo solicitado por la Comisi n. Seg n lo dispuesto en el art culo 140, apartado 1, del mismo Reglamento, la Rep blica Federal de Alemania, la Rep blica Francesa, la Rep blica Italiana, el Reino de los Pa ses Bajos, la Rep blica Portuguesa, la Rep blica de Finlandia, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Breta a e Irlanda del Norte, que han intervenido como coadyuvantes en el litigio, cargar n con sus propias costas. En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia Sala Segunda decide 1 Declarar que el Reino de Espa a ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del art culo 49TFUE al adoptar el art culo 17, apartado 1, letrasa yc , del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, establecido por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba dicho texto refundido, y en virtud del cual, en los casos de traslado, a otro Estado miembro, de la residencia de una sociedad establecida en Espa a y de transferencia, a otro Estado miembro, de activos de un establecimiento permanente situados en Espa a, las plusval as no realizadas se integran en la base imponible del ejercicio fiscal, mientras que tales plusval as no tienen consecuencias fiscales inmediatas si esas operaciones tienen lugar dentro del territorio espa ol. 2 Desestimar el recurso en todo lo dem s. 3 Condenar en costas al Reino de Espa a. 4 La Rep blica Federal de Alemania, la Rep blica Francesa, la Rep blica Italiana, el Reino de los Pa ses Bajos, la Rep blica Portuguesa, la Rep blica de Finlandia, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Breta a e Irlanda del Norte cargar n con sus propias costas. * Fonte http //curia.europa.eu/